España viene sufriendo, desde hace décadas, una serie de leyes urbanísticas obsoletas que no responden a las necesidades sociales.

Algunas instituciones y organismos, como las Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia se han hecho eco de esta problemática.

Los diferentes gobiernos de la nación y los gobiernos autonómicos se empeñan en redactar nuevas leyes, cada poco tiempo, que se basan en los mismos principios que las anteriores y que, lejos de arreglar el problema, lo complican, llegando a la “hiperregulación”.

Por otra parte, la administración carece de mecanismos para tramitar los instrumentos urbanísticos de manera eficaz y rápida.

El resultado es una respuesta muy lenta a las necesidades de suelo en España y poca capacidad de reacción lo que implica, no sólo que el capital se aleje de proyectos que tienen demasiada incertidumbre, sino que la oferta vaya muy por detrás de la demanda de espacios. Muy especialmente la demanda de vivienda en las ciudades más grandes, donde se va a concentrar el crecimiento en las próximas décadas.

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